Human Rights Watch denuncia que el Gobierno utiliza una “retórica hostil” contra los periodistas

El presidente Javier Milei y altos funcionarios del Gobierno han utilizado una “retórica hostil para estigmatizar a los periodistas”, denunció Human Rigths Watch, y agregó que esta actitud “le hace mal a la democracia argentina”.

En el capítulo argentino del informe anual que la organización de derechos humanos presentó este miércoles en Washington hubo advertencias sobre la libertad de expresión.

Además de resaltar la retórica “hostil” del presidente hacia la prensa, el reporte señala que Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y ha acusado a reporteros, “sin pruebas, de recibir sobornos”.

La organización también destacó que el diario La Nación había informado en mayo que la agencia de inteligencia del país (SIDE) había aprobado un plan de inteligencia plurianual que incluía la vigilancia de personas que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”. El gobierno de Milei lo desmintió.

Consultada sobre este capítulo, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rigths Watch, dijo a Clarín que “la retórica hostil del presidente hacia los medios le hace mal a la democracia argentina”.

“Los periodistas deben poder expresarse sin temor a ser maltratados por el presidente en redes sociales. Lo mejor, en una sociedad libre, es que las ideas y en especial las críticas a los gobernantes puedan circular sin intimidaciones, y que sean contrastadas únicamente por argumentos, y nunca por acusaciones infundadas”, agregó.

“Más que odiar al periodismo, como sugiere el presidente, los argentinos deberían apreciarlo, porque han sido los periodistas quienes han expuesto los escándalos de corrupción y abuso de poder, independientemente del gobierno de turno”, señaló.

El reporte toca varios temas, más allá de la libertad de expresión. “En el segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo”, dice el informe.

Y agrega que “la baja de la inflación contribuyó a reducir los niveles de pobreza mientras que la proporción de trabajadores informales aumentó”.

Respecto al funcionamiento de las instituciones democráticas, el reporte advierte que durante años el Congreso no logró reunir la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar al Procurador General, al Defensor del Pueblo y a dos magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia y destacó que en febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García -Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema.

Señala, además, que “el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina”. Destaca que actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres.

El reporte destaca también que el Gobierno bajó la inflación interanual respecto de 2024 pero que, sin embargo, los precios de los bienes y servicios esenciales como vivienda, agua y energía aumentaron un 55,4% para el mismo período.

Las tasas de pobreza y pobreza extrema definidas a nivel nacional disminuyeron en 2025 , aunque a un ritmo más lento que en 2024, señala el reporte.

HRW destaca que “el Gobierno continuó con la reducción del gasto público, lo que impactó en servicios y programas sociales destinados al cumplimiento de derechos como la educación y la salud”, mientras que “los recortes también afectaron a las jubilaciones y las pensiones para personas con discapacidad”.

Sin embargo, señalan, “amplió el presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un programa de transferencias monetarias no contributivas para familias de bajos ingresos con hijos o personas con discapacidad.

En cuanto a temas de corrupción, el informe destaca que en junio la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude vinculado a proyectos de infraestructura ejecutados durante su presidencia.

Añade que, en abril, el Congreso creó una comisión para investigar si el presidente Milei cometió un delito “al utilizar sus cuentas en redes sociales para promocionar una criptomoneda que fracasó rotundamente y costó a los inversores unos US$ 250 millones”.

En noviembre, la comisión determinó que el presidente Milei desempeñó un “papel indispensable” en un “plan fraudulento” y que aún el caso estaba siendo investigado.

Menciona también el caso de los audios de Spagnuolo, que señalaban que Karina Milei había recibido sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad por parte del gobierno.

“Por un pedido del Karina Milei, un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona , una medida que viola la libertad de expresión”, dijo el reporte.